La responsable del emprendimiento, María Eugenia Ruiz, relató que la situación se precipitó con una serie de intimaciones que la obligan a desocupar el espacio antes de fin de año. En un principio le indicaron que debía dejar el local el 31 de diciembre, luego le adelantaron la fecha al 1 de noviembre y, finalmente, recibió una carta documento que fija como límite el 15 de octubre.

La comerciante señaló que desde 2019 viene presentando proyectos de renovación para mejorar la imagen del lugar, pero que nunca fueron aprobados. “Ni siquiera me dejan cambiar una lámpara sin pedir permiso”, cuestionó. También denunció que la concesionaria le ofreció alternativas que consideró “burlonas”, como habilitar una chocolatería en un espacio reducido hasta que termine la temporada.

El cierre impactará directamente en el personal. “Esto afecta a empleados con 20, 19, 10 y hasta 7 años de antigüedad. Son familias enteras las que quedan en la calle”, expresó Ruiz, quien además subrayó: “Necesito garantías para mis empleados. No se trata solo de mí, sino de 16 familias que dependen de este trabajo”.