El Tribunal sostuvo que la posible inconstitucionalidad de las normas que impiden votar a personas condenadas debe analizarse “en un caso concreto, instado por el interesado o por el Ministerio Público”. Además, remarcó que se debe verificar que el derecho a votar sea “jurídica y fácticamente viable” según el tipo de delito que motivó la inhabilitación.

La jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, había mantenido a Cristina Kirchner en el padrón electoral el 18 de julio, pese a su condena de seis años de prisión en la causa “Vialidad”. Borruto había declarado inconstitucionales ciertos artículos del Código Penal y del Código Nacional Electoral que establecen la inhabilitación absoluta para personas condenadas por delitos dolosos con sentencia firme.