De esta forma, unos 120 mil trabajadores quedaron excluidos de percibir el incremento del 1,9 por ciento más una suma fija no remunerativa, lo que generó malestar en el gremio y un nuevo foco de conflicto entre la administración de Javier Milei y el sindicalismo.
La decisión se produce en un contexto de negociaciones impulsadas desde el Ejecutivo para frenar los aumentos de precios tras el cambio en el esquema cambiario. En una reunión realizada este martes entre representantes de ASU y el ministro de Economía, Luis Caputo, el funcionario habría sido tajante: “el acuerdo paritario no será homologado”, lo que fue interpretado por el sector empresario como una señal para no aplicar la suba acordada.
Reclamo gremial y desacuerdo con la postura empresarial
El convenio salarial había sido suscripto entre el gremio mercantil y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca, y contemplaba un aumento escalonado del 5,4 por ciento a aplicarse en tres meses, junto con tres sumas fijas destinadas a compensar la inflación del primer trimestre del año. La intención era preservar el poder adquisitivo de los empleados del rubro, uno de los más afectados por la disparada de precios.
Desde el sindicato de Comercio, que conduce Armando Cavalieri -uno de los referentes sindicales con mayor cercanía a la Casa Rosada-, se enviaron cartas documento a las cámaras firmantes del acuerdo, exigiendo el cumplimiento de lo pactado. “El convenio... incluía una cláusula por la cual las empresas se comprometían a abonar los aumentos aún sin homologación oficial”, recordaron desde el gremio, en un intento por presionar a las patronales.
No obstante, las cadenas supermercadistas decidieron ignorar ese artículo. “El artículo fue desestimado por los supermercados, que liquidaron los sueldos sin los incrementos acordados”, confirmaron fuentes sindicales. Esto encendió una fuerte alarma en el mundo gremial, que considera que se está ante un precedente preocupante en materia de relaciones laborales.