El motivo oficial se centra en el cumplimiento del porcentaje de integración nacional, sin embargo, la realidad del mercado local complica cumplir con esta exigencia. La ausencia de proveedores nacionales adecuados no es un capricho de la empresa, sino “una limitación estructural del mercado local”.

Como consecuencia de la decisión, Australtex se ve obligada a devolver beneficios recibidos o ejecutar garantías, lo que se interpreta como una amenaza directa a la continuidad de la planta y a la estabilidad laboral de sus empleados.

A pesar de los esfuerzos de las cámaras empresariales y del Gobierno provincial para proteger la producción y el empleo, la Subsecretaría de Industria de la Nación optó por mantener la postura, profundizando las dificultades que atraviesa la industria textil fueguina.

La situación se ve agravada por la apertura de importaciones y la interpretación restrictiva del artículo 2 del decreto 594, medidas que reducen los beneficios para las empresas locales y favorecen la llegada de productos importados, muchas veces con menores estándares de calidad y laborales.

En este contexto, la decisión del Gobierno nacional genera incertidumbre sobre la supervivencia futura de la industria textil en Tierra del Fuego y plantea un desafío económico y social para la región, ya golpeada por la crisis industrial y el desempleo.