Además, solicitó condenas para Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, con cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos; para Carlos Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín, con cuatro años de prisión; y para otros exfuncionarios vinculados al caso, junto con la restitución de más de tres millones de dólares al Estado.

La investigación indica que se habría armado un esquema de financiamiento irregular a través de la UNSAM, beneficiando a la productora “A+A Group”, propiedad de Del Boca, pero la producción nunca se completó. La productora habría cobrado alrededor del 76% del presupuesto asignado, mientras que otras producciones recibían apenas el 7%.

El caso se hizo público en 2016 tras una investigación periodística, y en 2018 el juez Sebastián Ramos procesó a De Vido como autor del presunto fraude y a Del Boca y Ruta como “partícipes necesarios”, con embargos millonarios. La Cámara Federal ratificó estos procesamientos, señalando que el problema no era el convenio en sí, sino su uso para evadir controles y desviar fondos públicos. La defensa de la actriz sostiene que no hubo delito ni perjuicio económico, y ahora será el Tribunal Oral Federal N° 7 quien determine la sentencia.