El ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2022, cuando la entonces vicepresidenta saludaba a militantes frente a su departamento de Juncal y Uruguay. En ese momento, Sabag Montiel apuntó con una pistola calibre 22 a centímetros de su rostro y gatilló, pero la bala no salió porque no estaba en la recámara.
Uliarte fue detenida días después y, según la investigación, los mensajes de su celular demostraron la planificación conjunta del atentado.
En los alegatos, la fiscal Gabriela Baigún aseguró que existió un plan deliberado para asesinar a Cristina Kirchner. Solicitó 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, con una unificación de 19 en el caso de él por antecedentes. La querella que representa a la ex presidenta pidió 15 años de cárcel para ambos.
Las defensas, en cambio, sostuvieron que no hubo intención de matar. La abogada oficial de Sabag Montiel, María Fernanda López Puleio, lo describió como “esclavo de un delirio mesiánico” y pidió su inimputabilidad. El propio acusado declaró: “No me arrepiento, porque no lo hice. Lo que pasó fue un delirio”.
Por su parte, el abogado de Uliarte, Eduardo Chittaro, argumentó que su defendida no estaba en condiciones mentales de comprender sus actos y denunció indefensión por la actuación de su anterior representante.
El tribunal deberá resolver si valida la acusación por tentativa de homicidio agravado por alevosía, violencia de género en su modalidad política y uso de arma de fuego, o si acepta los planteos de las defensas. El fallo será clave por el fuerte impacto político e institucional que tuvo el atentado frustrado contra la ex mandataria.