La ley previsional aprobada contempla un aumento del 7,2% en haberes y pensiones (excepto regímenes especiales) y eleva el bono de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. También se reactivó por dos años la moratoria que permite regularizar aportes para acceder a la jubilación mínima.

El senador Mariano Recalde cuestionó que “el bono esté congelado desde marzo del año pasado” y aseguró que “este pequeño aumento apenas alcanza para un par de docenas de empanadas”. Además, sostuvo que “no es una excusa el equilibrio fiscal” y propuso fuentes de financiamiento alternativas.

Desde el oficialismo, Carmen Álvarez Rivero rechazó el proyecto señalando que “debemos tomar el toro por las astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.

Por su parte, Guadalupe Tagliaferri aseguró que “ningún otro sector sufrió tanta pérdida como los jubilados”, aunque expresó reparos sobre la moratoria: “Cada un par de años estamos discutiendo de nuevo esto”.

El radical Pablo Blanco criticó las cifras oficiales y señaló: “Los jubilados ganan $900.000. Así lo dijo el ministro de Economía -Luis Caputo-, pero no vivo en un país con esa jubilación promedio”.

La ley de emergencia en discapacidad estará vigente hasta diciembre de 2027. El senador Fernando Salino resaltó la necesidad de modificar el CUD y agilizar el trámite: “El trámite con el CUD es hoy toda una complicación”. Stefanía Cora advirtió que “el Estado está en deuda” y Luis Juez afirmó que la iniciativa “intenta darle a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento”.

Las tres leyes fueron aprobadas pese a los cuestionamientos del oficialismo y los problemas técnicos que impidieron el registro electrónico de algunos votos.