En declaraciones para FM Fuego, Pérez recordó la experiencia previa con la eliminación de aranceles a las computadoras y aseguró que esa medida no logró abaratar los precios, pero sí provocó la pérdida de cientos de empleos en Río Grande. “La antigüedad que tiene la promoción industrial en nuestra provincia refleja la continuidad que ha tenido en términos de seguridad jurídica, por ejemplo, para las empresas radicadas”, subrayó, destacando el rol estratégico del régimen fueguino desde su implementación en los años ’70.

El jefe comunal consideró que esta nueva disposición tiene “dos caracteres”: por un lado, obedece a una imposición del FMI, y por otro, representa una maniobra electoralista con impacto directo sobre miles de familias fueguinas. “Esto lo vimos hace un tiempo cuando el FMI le daba en algunos de sus capítulos la indicación de eliminar progresivamente a Tierra del Fuego del mapa, prácticamente”, sostuvo.

Además, apuntó directamente contra el vocero presidencial al considerar que la medida intenta mostrar resultados ante el electorado porteño. “Por supuesto, en desmedro de miles de familias en Tierra del Fuego que viven al amparo de una promoción económica industrial”.

Consultado sobre si el anuncio es irreversible, Pérez respondió que “nunca es penal cobrado cuando hay decisión política de revertir las cosas” y señaló que se enfrentan a “un gobierno nacional adverso a Tierra del Fuego”.

Para el intendente, la medida va más allá del impacto regional y pone en discusión el rumbo económico del país. "El fondo de la cuestión tiene que ver con la idea de destruir la industria nacional. En gran medida pasa por ahí, porque fíjense que no es una medida que, por ejemplo, fomenta la radicación de industrias electrónicas en el continente, lo cual para nosotros también sería un perjuicio en Tierra del Fuego, pero que, en definitiva, el gobierno nacional podría hasta sostenerlo discursivamente, pero no es así, esto es peor, porque esto es una decisión de abrir la importación, es decir, que ni siquiera se radiquen industrias en la Argentina".

Pérez también cuestionó que se intente instalar una discusión ideológica sobre el régimen de promoción fueguino, recordando que “en Río Grande, durante el ballotage de 2023, la mitad de la ciudad lo votó” al actual presidente, por lo que pidió respeto hacia los votantes y toda la provincia.

Asimismo, detalló que mantuvo comunicación constante con representantes de AFARTE y que durante esas conversaciones manifestaron su preocupación. "Hay que hacer todo el esfuerzo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que el gobierno comprenda y retrotraiga esta decisión. Estamos en contacto con las empresas, yo en este momento estoy en Buenos Aires, voy a tener reuniones el día de hoy, también con las entidades gremiales, que entiendo van a comenzar en la jornada una medida de fuerza".

Frente a la situacion, reconoció que no se trata de una medida que pueda resolverse a nivel municipal, “Estas son decisiones de orden nacional, y no se pueden revertir con una ordenanza del Concejo Deliberante, aunque nos encantaría poder blindar desde ahí nuestro régimen”.

En cuanto a los próximos pasos, señaló que buscarán el acompañamiento del arco político y gremial para revertir la medida. “Vamos a meterle mucho trabajo junto a los sectores gremiales, los trabajadores y todo el arco político que quiera sumarse a esta discusión”.

Sobre el impacto de la eliminación del impuesto interno, afirmó que si bien es importante, “el problema más grave es la quita de aranceles”, y advirtió que “representa un escenario muy difícil, sobre todo para los celulares, que concentran el 50% de nuestra mano de obra”.

Finalmente, al ser consultado si este contexto podría marcar el fin de la industria electrónica en la provincia, fue contundente: “No, no creo en visiones apocalípticas. Tierra del Fuego ha atravesado momentos muy difíciles a lo largo de su historia” y aseguró que ahora el objetivo es minimizar el impacto en el empleo y acompañar a las familias que puedan verse afectadas.