El sistema, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich, fue tema de debate en una reunión informativa conjunta de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, presidida por la senadora Carolina Losada (UCR), y de Justicia y Asuntos Penales, a cargo del senador Juan Carlos Pagotto (LLA).

Durante el encuentro, el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, sostuvo que “es un muy buen programa del Ministerio de Seguridad” y valoró que “lo positivo de hacerlo ley es que se le va a dar la visibilidad que tiene que tener a nivel nacional”.

En sus fundamentos, Romero remarcó que “las desapariciones y extravíos de menores que no se esclarecen dejan al descubierto un fenómeno que debe ser abordado con todas las herramientas del Estado, en articulación con las distintas jurisdicciones y en plena interacción con la sociedad civil”. Asimismo, indicó que “resulta primordial profundizar los programas de búsquedas disponibles y brindarles estabilidad jurídica, más allá de las gestiones políticas a cargo de los organismos que las llevan adelante”.

A su vez, el legislador consideró que con esta ley se busca “profundizar las acciones dedicadas a la eficaz búsqueda y localización de menores extraviados en la Argentina, donde la coordinación resulta crucial para salvar sus vidas”. Y subrayó que “distintas organizaciones dedicadas a la búsqueda de niños extraviados que trabajan en el país coinciden en que un 90 % de los niños y adolescentes aparecen en cuestión de horas o días, sanos y salvos, de allí la importancia de que se activen los protocolos de búsqueda inmediatamente”.

La senadora Losada anticipó que se prevé una nueva reunión plenaria con participación de funcionarios nacionales para luego avanzar en el dictamen y habilitar el debate en el recinto.

El Programa Alerta Sofía articula la intervención del sector público, medios de comunicación, redes sociales, empresas de telefonía celular, fuerzas federales y la sociedad civil para difundir masivamente los casos. Su activación depende de una solicitud expresa de la autoridad judicial a cargo de la investigación, bajo estrictos criterios establecidos en el protocolo.