Blanco inició su intervención cuestionando el proceso de aprobación del acuerdo, específicamente el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en lugar de una discusión legislativa más amplia. “No llama la atención. Tierra del Fuego está permanentemente en la picota con el tema del régimen industrial. Sin embargo, nos sorprende que, en un acta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, surja este tipo de consideraciones específicamente sobre Tierra del Fuego. Lo que no entendemos es por qué se pone tanto énfasis en esta provincia y no se mencionan otros regímenes de promoción similares, como el régimen automotriz, que también es costoso y absorbe muchos recursos”, explicó Blanco.

En esa línea, cuestionó la comparación entre el régimen industrial fueguino y otros beneficios fiscales en el país: “El régimen de Tierra del Fuego no implica una carga directa para el gobierno nacional. Al contrario, son recursos que se dejan de percibir en tanto y en cuanto la actividad económica se mantenga. El gobierno deja de percibir una parte de esos recursos, pero no hay un impacto directo en los fondos nacionales. Si tan preocupados están por los costos, ¿por qué no se incluyen otros regímenes más costosos, como el automotriz, que de alguna manera están recibiendo una mayor asignación de recursos?”.

Blanco también subrayó la importancia de la defensa del régimen para la provincia y sus trabajadores, “Es clave entender que estos beneficios no solo sostienen la actividad económica de Tierra del Fuego, sino que también son esenciales para la preservación de miles de puestos de trabajo en la isla. No se trata solo de un beneficio fiscal, sino de una medida que garantiza la estabilidad laboral de una parte importante de la población”.

“Lo que más llamaba la atención es que dos representantes de Tierra del Fuego votaron a favor, pero seguramente por desconocimiento, porque no estaban las condiciones cuando trataron este DNU. Terminaron acompañando esta decisión que sugiere el FMI. Es sorprendente que siempre estemos en la picota”, dijo refiriéndose al tratamiento del acuerdo en la Cámara de Diputados.

También advirtió sobre los peligros de las propuestas del FMI, señalando que no solo es un beneficio fiscal, sino una política esencial para la preservación de miles de empleos en la provincia. “La soberanía, que tanto se menciona en Tierra del Fuego, es un argumento que al FMI poco le importa. Es claro que lo que se busca es deshabitar la zona sur del país para que crezcan otras presiones. Pero es necesario estar atentos a cualquier intento de alterar este régimen, ya que afectaría no solo la economía local, sino también la estabilidad laboral de la población”, agregó el senador.

Además, subrayó que las políticas de promoción industrial, como la ley de 19640, fueron una de las pocas políticas de Estado que realmente funcionaron para el desarrollo del país. “El régimen fueguino, que mal que les pese a muchos, ha logrado su objetivo: mantener la industria y los puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Las críticas solo surgen por una visión centralista y desconociendo la realidad de la provincia”, enfatizó.

Con respecto a las críticas sobre el uso de los fondos fiduciarios, también aclaró que los responsables del manejo de esos recursos son los representantes del gobierno nacional, no la provincia. “Si hay opacidad en el manejo de los recursos, la responsabilidad es exclusivamente del gobierno nacional, que tiene la mayoría en el manejo de los fondos. En el caso de Tierra del Fuego, el principal inconveniente no es la falta de transparencia, sino las críticas que no comprenden la importancia de mantener estos regímenes para sostener la actividad económica y los empleos en la isla”, concluyó.