A mediados de julio, los miembros del TCP decidieron aplicar un aumento del 5,5% sobre los sueldos básicos de mayo. En la Resolución Plenaria 108/25, publicada a comienzos de agosto, justificaron la medida señalando que “considerando el sostenido incremento de precios en los últimos meses, resulta conveniente establecer medidas de protección de las remuneraciones tendientes a mantener el poder adquisitivo del personal”. Además, expresaron que “resulta innegable que el impacto de la devaluación aceleró la suba de los precios, la que en muchos casos superó los índices oficiales, afectando directamente el salario real de los trabajadores como consecuencia de la pérdida de su poder adquisitivo”, motivo por el cual, tras conversaciones con el Poder Ejecutivo, acordaron una nueva recomposición del 2,5% para el mes de junio.

También destacaron que “la medida aquí adoptada resulta del constante interés de este Cuerpo Plenario de Miembros tendiente a procurar preservar los haberes de los trabajadores del Organismo, atenuando conforme a las posibilidades el desequilibrio económico y financiero que se vive actualmente, el cual es de público conocimiento”.

El nuevo incremento se suma al 4,5% otorgado en febrero y al 5,5% de abril. Así, el salario básico bruto de escala (sin adicionales ni descuentos) para la categoría más baja (cadete) quedó en 598.476,23 pesos. En tanto, la categoría A3 del Cuerpo de Auditores alcanza los 952.612,44 pesos, y la más alta (secretario) llega a 1.597.238,93 pesos. Por encima se ubican los vocales del Tribunal, cuyas remuneraciones no son publicadas, pero se estiman en torno a los 11,8 millones de pesos mensuales, según datos de la Caja de Jubilaciones.

Sin efecto dominó

Los artículos 35 y 36 de la ley de presupuesto 2021 establecen que los sueldos del Tribunal de Cuentas determinan las remuneraciones del Escalafón Profesional Universitario de la administración pública provincial, y estas a su vez arrastran los sueldos del Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y demás funcionarios por el sistema de “enganche”.

En concreto, la ley equipara el salario básico del EPU con el del Cuerpo de Auditores del TCP, y define que el sueldo del Gobernador debe equivaler a seis veces el de un agente categoría E del EPU (es decir, el de categoría A3 del TCP).

Según esa estructura, el salario bruto de ley del Gobernador es de 5.715.674,66 pesos y el de la Vicegobernadora de 5.429.890,90 pesos. Sin embargo, en la práctica el Gobernador percibe 5.057.954,10 pesos brutos y la Vicegobernadora 4.805.056,39 pesos, debido a que el Ejecutivo provincial dictó el decreto 1020/25, que suspende el traslado automático de los aumentos del TCP a los funcionarios del Gobierno.

Ese decreto, firmado el 4 de abril, establece que se “suspende el traslado de los aumentos dispuestos (…) conforme lo establece la ley provincial 1333, a las remuneraciones de los funcionarios y personal de gabinete de las estructuras políticas del Gobierno Provincial, incluido Gobernador, Ministros, Secretarios de Estado y las autoridades superiores con jerarquía equivalente a las mencionadas, dependientes del Poder Ejecutivo, desde la instancia en que hubiere correspondido su liquidación”. Aunque fue dictado en función del aumento de febrero, sus efectos se mantienen hasta que se disponga su derogación o modificación.

Cabe destacar que esta suspensión no alcanza a los Legisladores ni a las autoridades de Cámara, quienes perciben un ingreso mensual bruto de 5.144.107,17 pesos y 4.858.323,44 pesos, respectivamente.