El conflicto original involucró a más de treinta empleados bajo la modalidad de prestación permanente discontinua (PPD), que solo obligaba a la empresa a convocarlos cuatro meses al año. Sin embargo, los jueces determinaron que la relación laboral “no revestía el carácter de contrato de temporada invocado por la demandada, sino que se trató de un vínculo de naturaleza permanente y continuo”, por lo que correspondía el reconocimiento de salarios caídos y no abonados desde febrero de 2019 hasta la fecha de despido de los trabajadores entre 2023 y 2024.

El juez Federico Vilella, que adhirió al fallo, fue más enfático al señalar que la empresa “invocó una figura contractual excepcional como fachada jurídica, sin respetar sus condiciones mínimas ni su finalidad, con el único propósito de eludir las obligaciones propias del contrato por tiempo indeterminado”.

Vilella concluyó además que “la desnaturalización del vínculo laboral no solo justifica la inaplicabilidad de la figura PPD en el caso concreto, sino que revela su utilización abusiva, en tanto excedió los márgenes de legalidad y configuró una simulación contractual y abuso de derecho”.

El fallo reconoce así diferencias salariales y salarios caídos a favor de los tres demandantes, marcando un precedente importante sobre la correcta aplicación de los contratos PPD en la provincia.