Siete empleados del IPV de Ushuaia presentaron durante la ultima etapa de la anterior gestión por una serie de irregularidades,

a las cuales ayer la Fiscalía de Estado respondió demandando a la actual gestión, con diversas correcciones e incluso posibles denuncias.

Reclamo que tuvo respuesta por parte de la Fiscalía de Estado, a cargo de Virgilio Martínez de Sucre, quien solicito auditarlos convenios firmados por el anterior Presidente, Gustavo Vazquez.

La resolución apunta a convenios como los firmados con gastronómicos de UTHGRA, aeronáuticos de APA, taxistas de SIPETAX, el UOYEP de plásticos y otros; en algunos de los cuales la fiscalía aseguró que se incluyeron beneficiarios de esas asociaciones que ni siquiera estaban anotados en los listados del IPV.

Asimismo cuestiona el convenio firmado con la cooperativa “Nuestro Techo” para la construcción de 29 viviendas por más de 76 millones de pesos, afectando suelo que ya estaba comprometido con la urbanización del sector II del barrio Río Pipo.

De los convenios firmados ninguno obtuvo dictamen en el área técnica, lo cual eludió el normal circuito administrativo. De esta manera, se debatió en la convocatoria a planes de ahorro, se emplee con fines encubiertos o bien acabe por enervar de un modo razonable las posibilidades de un individuo o familia que no pertenecen a él o su hábitat. En relación a esto, el fiscal de Estado destacó “algunas personas incluidas en los listados de asociaciones y mutuales firmantes, no estaban previamente previstas”. Otra cosa que llamó mucho la atención, es que convocaron a 116 familia y de los convenios suscriptos con las organizaciones. Finalmente el fiscal, reclama a partir de estos convenios al IPV para la autogestión de soluciones habitacionales sean lo más equitativas y se den en un tiempo razonable.