Vecinos del lugar trasladaron más de 60 cadáveres a la plaza São Lucas. Algunos presentaban disparos y heridas múltiples. Organizaciones de derechos humanos solicitaron la intervención de expertos internacionales, mientras que la Defensoría Pública calificó la operación como la “mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.

La violencia generó bloqueos en calles, cierre de escuelas y centros de salud, y dejó la ciudad con baja circulación en los barrios afectados.