Según expusieron en el documento, la medida del Ejecutivo nacional “afectaría directamente a la industria fueguina radicada en Río Grande, principal fuente de empleo privado y motor económico local”, lo cual “genera incertidumbre en miles de trabajadores y trabajadoras que dependen de esta actividad de forma directa, pero también miles de fuentes laborales vinculadas de forma indirecta”.

A lo largo del texto, los concejales cuestionaron duramente las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había dicho que “no se está afectando ninguna industria nacional”. En este sentido, el decreto del Concejo califica sus palabras como “temerarias” y afirma que “evidencian un profundo desconocimiento y desprecio en relación al impacto concreto y directo que esta medida tendrá sobre el empleo, la producción y el tejido social de nuestra provincia”, además de desconocer “el rol estratégico de la industria fueguina para el desarrollo económico y la soberanía nacional”.

Asimismo, remarcaron que la promoción económica establecida por la Ley 19.640 “ha permitido el desarrollo industrial y la radicación poblacional en la provincia”, generando el arraigo de “miles de argentinos en el extremo sur de nuestro país”.

Los concejales advirtieron también que “las nuevas medidas fiscales y aduaneras anunciadas por el gobierno nacional podrían afectar gravemente la competitividad de los productos fabricados en la provincia”, lo que atentaría “contra la sostenibilidad de la industria fueguina, y, por ende, contra miles de puestos de trabajo y de todas las familias que dependen de ella”.

Al respecto, sostuvieron que la eliminación o reducción de aranceles para productos importados “genera un escenario de asimetría nociva para el desarrollo regional”, y destacaron que Tierra del Fuego “cumple una función geopolítica de altísimo valor para la soberanía nacional en el Atlántico Sur”, por lo que su desindustrialización “conllevaría un retroceso en la política de ocupación efectiva del territorio”.

En términos políticos, expresaron que estas decisiones “constituyen un acto de sumisión política que golpea el corazón productivo de la provincia, y ponen en riesgo más de 50 años de esfuerzo, inversión y crecimiento en un enclave estratégico a menos de 500 km de nuestras Islas Malvinas”.

El decreto reafirma la necesidad de proteger “el empleo local, el subrégimen industrial como herramienta estratégica de desarrollo y defensa de la soberanía nacional”, y en ese marco expresaron su “acompañamiento a las y los trabajadores fueguinos en sus legítimas acciones de protesta, adoptadas en defensa del empleo, la industria local y el subrégimen de promoción económica”.

Por último, los concejales manifestaron su rechazo y preocupación “ante los trascendidos públicos de la conformación de un comando unificado de Fuerzas Federales para amedrentar, reprimir y/o obstaculizar el legítimo derecho de protesta social de la comunidad de Río Grande”.

La declaración fue formalizada este martes 20 de mayo de 2025 y firmada por todos los integrantes del Concejo Deliberante.