La iniciativa, que buscaba impedir que personas con condenas confirmadas por delitos contra la administración pública pudieran ser candidatas a cargos electivos, obtuvo 36 votos a favor y 35 en contra, pero no logró alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos necesaria para convertirse en ley.

Duré y López, alineadas con la postura del bloque oficialista, rechazaron el proyecto, mientras que Blanco se sumó a la posición de la oposición, respaldando la propuesta impulsada por la diputada Silvia Lospennato. El proyecto ya contaba con media sanción de Diputados, donde había sido aprobado con 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones, pero finalmente quedó trunco en la Cámara Alta.