Entre los cambios más relevantes, se destacan la ampliación de las facultades del empleador para modificar formas y modalidades de trabajo, siempre que no resulten "irrazonables" ni afecten aspectos esenciales del contrato. En caso de considerarse vulnerados estos límites, los trabajadores podrán optar por considerarse despedidos sin causa. Además, se establecen plazos claros para impugnar sanciones disciplinarias, fijando un límite de 30 días corridos desde la notificación.

Según el proyecto, se actualizaría el concepto de “beneficios sociales no remunerativos”: prestaciones como la provisión de almuerzo, útiles escolares, capacitaciones, reintegro por gastos médicos y de guardería, servicios de telefonía o internet para el trabajador y su familia, no se integrarán a la remuneración, salvo excepciones expresamente previstas.

En cuanto a remuneraciones y vacaciones: Según el proyecto, se diversifican las formas de pago del salario (efectivo, cheque, acreditación bancaria) y se habilita la confección del recibo de sueldo en forma electrónica, con detalles mínimos exigidos. Además, se flexibiliza la época de vacaciones, permitiendo su fragmentación en períodos de al menos una semana y garantizando que cada trabajador pueda disfrutarlas en verano al menos una vez cada dos años. También se contempla el goce conjunto de vacaciones para parejas que trabajen en la misma empresa.

El proyecto mantiene las licencias por enfermedad o accidente, con plazos que van de tres a seis meses según la antigüedad, y extiende los derechos a trabajadores con carga familiar hasta doce meses. Se incorpora un procedimiento de verificación de certificados médicos a cargo de la Secretaría de Trabajo.

En materia de intereses y créditos laborales, se establece que los intereses no podrán superar el capital actualizado por el IPC más un 3% anual, y se limita el pacto de cuota litis al 20% en juicios laborales.

Por último, la iniciativa redefine el alcance del trabajo agrario, excluyendo a actividades industriales, comerciales, turísticas y de servicios.

El plan oficial busca que estas modificaciones sean parte de una estrategia legislativa que también incluye el tratamiento del Presupuesto 2026 y una reforma tributaria.Sin embargo, la iniciativa genera resistencia en organismos gremiales que advierten posibles afectaciones a derechos laborales establecidos. Según

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.