El informe, al que accedió Ámbito, llega en un contexto donde el país enfrenta un escándalo sanitario tras la contaminación de ampollas de fentanilo fabricadas por el laboratorio HLB Pharma, que causaron decenas de muertes. Este caso puso en evidencia fallas en la cadena de control y reavivó un debate político marcado por vínculos empresariales con figuras del poder.

En su documento, la DEA valora “algunas modificaciones legislativas y el hecho de que se envíen agentes de las fuerzas federales a los cursos que brinda la DEA (espacios clave para su cooptación)”, pero también advierte sobre las vulnerabilidades que “se derivan del contrabando, el narcotráfico, la corrupción pública y la evasión fiscal, y se ven agravadas por la deficiente supervisión en los servicios financieros, el sector inmobiliario y el juego. Una economía con un alto nivel de liquidez y un amplio sector informal también contribuyen a la exposición de Argentina”.

Sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la DEA afirma que “con recursos limitados, las demoras judiciales y la mínima supervisión limitan la aplicación de las leyes, lo que resulta en bajas tasas de condenas”.

El fentanilo, reconocido en Argentina como sustancia de uso medicinal bajo las Leyes N° 23.737 y N° 17.818, ha comenzado a aparecer en la agenda pública por casos puntuales como el denominado “Puerta 8” en 2022, que dejó 22 muertos en Lomas de Zamora, y el medio centenar de fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata por ampollas contaminadas.

En la región, el fentanilo ha sido detectado también en operativos en Misiones, Ciudad de Buenos Aires y Villa Fraga, aunque las fuerzas de seguridad argentinas sostienen que no existen grandes organizaciones operando de forma sistemática en el país.

La DEA también destaca la creciente complejidad en la producción y tráfico de esta droga a nivel mundial, señalando que India, México y China son los principales proveedores, y que la cadena de suministro podría expandirse más allá de estos países, dado que el fentanilo no depende de materiales de origen vegetal, a diferencia de la heroína o la cocaína.

Mientras en Estados Unidos el consumo de fentanilo mostró un descenso en 2024 gracias a una combinación de esfuerzos policiales, disponibilidad de medicamentos como la naloxona y mayor conciencia social, en Argentina el panorama es distinto. Las autoridades provinciales reconocen que, por ahora, la droga sintética más frecuente es la marihuana y la cocaína, aunque preparan a sus fuerzas para enfrentar la posible llegada de fentanilo. Por ejemplo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba desarrolla un programa para que sus perros detecten esta sustancia.

Por otro lado, el caso HLB Pharma ha puesto al descubierto conexiones polémicas: Andrea Silvana Chierasco, vinculada al laboratorio, tiene lazos con el abogado de Lázaro Báez, mientras que su hermano Claudio Chierasco trabaja en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Desde ese gobierno se asegura que el caso es “un hecho aislado” y no está relacionado con el tráfico de fentanilo, y que las muertes se deben a fallas en los proveedores y distribuidores del medicamento contaminado.

En este marco, el Gobierno nacional implementó la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, con la participación de los ministerios de Seguridad y Salud, ANMAT y AFIP, buscando diseñar políticas para controlar y restringir su tráfico ilegal. Además, Aduanas actualizó sus controles de ingreso y exportación, exigiendo declaraciones juradas anticipadas para operaciones con fentanilo.

Si bien la DEA reconoce algunos avances y esfuerzos en Argentina, su informe enfatiza la urgente necesidad de fortalecer la supervisión y los recursos para enfrentar las amenazas que plantea el narcotráfico y el lavado de dinero, poniendo especial atención en las zonas francas y en Tierra del Fuego, que hasta ahora no habían sido señaladas públicamente como puntos vulnerables.