La sesión llega en un contexto de fuerte tensión política, tras los vetos presidenciales a las leyes de aumento para jubilados, emergencia en discapacidad y moratoria previsional, que aún no fueron formalmente comunicados al Congreso. Aunque estos temas no serán tratados sobre tablas por falta de los dos tercios requeridos, se anticipan críticas al accionar del gobierno.

El orden del día prevé iniciar con el tratamiento del proyecto que busca aumentar los recursos para las universidades nacionales, con una propuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La iniciativa plantea elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI, convocar paritarias para docentes y no docentes, y establecer mecanismos de actualización salarial según la inflación.

También se debatirá un proyecto para declarar la emergencia del Hospital Garrahan, con el objetivo de garantizar su financiamiento y mejorar los salarios del personal sanitario. Se propone una recomposición salarial inmediata, que no podrá ser menor a los niveles reales de noviembre de 2023.

Otro punto relevante será el intento de debatir la redistribución de la coparticipación del impuesto a los combustibles y la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por varios gobernadores. Como se requiere mayoría especial para habilitar el debate, en caso de no lograrlo, se impulsará un emplazamiento a las comisiones de Presupuesto y Energía para que dictaminen en un plenario previsto para el 12 de agosto.

También está previsto el tratamiento de la ley de emergencia para los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca, que contempla el envío de $200 mil millones. Si se ratifica su aprobación en Diputados, la ley quedará firme pese al rechazo del Ejecutivo.

Además, se incluye el debate de un proyecto del diputado Facundo Manes sobre Alzhéimer, que no cuenta con dictamen y deberá ser enviado a comisión, al igual que el proyecto para declarar la emergencia del sistema nacional de Ciencia y Tecnología.

En cuanto a los decretos, se buscará derogar varios DNU impulsados por el gobierno nacional, entre ellos el que modifica organismos del Ministerio de Economía, disuelve institutos culturales y elimina la Dirección Nacional de Vialidad y la Marina Mercante.

La sesión ocurre menos de 24 horas antes del cierre del plazo para la presentación de alianzas electorales, en el marco del cronograma de las legislativas del 26 de octubre. La coincidencia de fechas añade un condimento político a una jornada que será decisiva para definir el rumbo de varias políticas públicas resistidas por el gobierno nacional.

Para habilitar la sesión, la oposición necesita reunir 129 votos y mantenerlos para avanzar con la aprobación del extenso temario. Algunos proyectos podrían quedar sin debate si no se alcanzan los dos tercios requeridos. Aún así, el encuentro en el recinto marcará un punto de inflexión en el enfrentamiento entre el oficialismo y los bloques opositores, con el equilibrio fiscal del gobierno de Milei como telón de fondo.