“La idea que se busca es pasarlo por el Congreso, sí o sí. La única forma de garantizar la continuidad de Vialidad es que lo trate el Congreso, como lo menciona también la cautelar. Sería ideal que se trate en sesión extraordinaria y se resuelva a través de la bicameral”, sostuvo Núñez.

Respecto al impacto inmediato del fallo judicial, aseguró que los seis meses de suspensión “están garantizados” más allá de que el Gobierno ya anunció que apelará la decisión. “Nos da la tranquilidad de poder seguir trabajando justamente para poder dar marcha atrás con el decreto”, insistió.

Núñez explicó que el organismo se encuentra prácticamente desfinanciado desde el inicio de la actual gestión. “No pueden ajustarnos más desde el presupuesto porque ya estamos al límite. Para garantizar el operativo invierno usamos recursos que sobraron de años anteriores. El combustible sí puede ser un factor de presión porque se maneja mes a mes, pero contrataciones, proyectos y compras ya están completamente detenidas”, afirmó.

Consultado sobre la situación laboral en los días previos al fallo, detalló que las tareas activas se limitaron a una guardia mínima, “Se mantuvo la transitabilidad, pero con una reducción general del trabajo. Nunca dejamos de cumplir nuestras funciones, pero claramente fue un tiempo de mucha incertidumbre”.

El gremialista reveló que, de no haber mediado esta decisión judicial, “a partir del 1º de agosto el Ministerio de Economía comenzaba a tomar posesión de la DNV y el 4 de agosto nos ponían en disponibilidad a los 5.200 agentes. Fue un alivio saber que al mediodía del mismo día en que salió esa disposición, se emitió la cautelar que frenó todo”.

En ese sentido, cuestionó la legalidad de disolver por decreto un organismo creado por ley, “Es parte de una pelea de poderes. Uno de los argumentos presentados en los amparos es que no se puede disolver Vialidad por decreto, y menos aún cuando había quedado fuera de la Ley Bases por ser un ente autárquico. Es como que quieren cerrarlo sí o sí, al margen de la legalidad”.

Por otro lado, señaló que esta medida judicial “sienta un precedente importante” y adelantó que están evaluando, junto a otros organismos como INTA e INTI, realizar presentaciones conjuntas para dar mayor fuerza a los reclamos.

En cuanto a la situación actual de Vialidad Nacional en Tierra del Fuego, fue contundente, “Lo que siempre falta es presupuesto. Hay equipamiento nuevo, los campamentos están en condiciones, pero sin recursos no se puede trabajar. Este año ni siquiera tuvimos presupuesto para bacheo. Se iniciaron tareas, pero al no haber fondos para comprar mezcla asfáltica, la ruta quedó deteriorada como está”.

Finalmente, remarcó que el discurso oficial que vincula a Vialidad con la corrupción “es una excusa para justificar el cierre”. “Nosotros no tenemos la culpa de lo que hayan hecho otros. La institución necesita control, auditorías, eficiencia, pero no cerrarla. El mantenimiento vial hecho por administración es más económico que por privados. El organismo existe, lo que hay que hacer es hacerlo funcionar con financiamiento”, concluyó.