El nuevo estatuto redefine el accionar de la PFA, restringiendo su función a delitos federales y complejos como el crimen organizado, narcotráfico y ciberdelito, y elimina sus atribuciones en seguridad urbana dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la transferencia de funciones iniciada en 2016.

Sin embargo, lo más polémico del decreto radica en las nuevas facultades que otorga a la fuerza, como la posibilidad de realizar ciberpatrullaje en redes sociales sin autorización judicial y efectuar requisas en espacios públicos o vehículos en determinadas circunstancias, también sin intervención previa de un juez.

Duras advertencias desde el Congreso

El diputado nacional José Glinski (Unión por la Patria), vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, fue uno de los más críticos: “La norma es un problema porque legaliza lo que el Gobierno viene haciendo. Si no tenés control parlamentario, hay un avasallamiento del Poder Legislativo y Judicial”. Calificó la medida de “autoritario” y denunció que no fue debatida en el Congreso.

Leopoldo Moreau también expresó su preocupación: “Confirma la deriva autoritaria del gobierno de Milei”. Recordó que en los últimos días se vivieron situaciones graves como la detención del dirigente Juan Grabois y el blindaje del Congreso con vallas durante las movilizaciones sociales.

Desde el plano legal, el decreto también generó alarma. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que el decreto “es nulo de nulidad absoluta” por exceder las bases delegadas de la Ley Bases: “El Congreso no habilitó al Poder Ejecutivo a dictar normas restrictivas de derechos”. Y fue más allá: “Esto es Venezuela”.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía, advirtió que “el Gobierno se apoya en la Ley Bases para ir más allá de lo permitido”. Cuestionó el alcance de los ciberpatrullajes y la posibilidad de detener personas por no acreditar identidad: “Habilita detenciones arbitrarias”.

En la misma línea, el constitucionalista Daniel Sabsay reconoció que el objetivo de reorganizar la Policía es legítimo, pero advirtió: “No se puede hacer por decreto, debe hacerse por ley. Es un tema ligado al derecho penal y exige el principio de legalidad”.

Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la reforma como un proceso de modernización de la fuerza federal. “Esta transformación busca una Policía ágil, inteligente y profesional, alineada con estándares internacionales como el FBI”, afirmó.

El nuevo esquema divide a la fuerza en dos departamentos principales: el de Investigaciones y el de Coordinación, con áreas específicas para inteligencia criminal, narcotráfico, análisis forense y cooperación internacional.

Además, el decreto habilita la convocatoria de personal retirado, la reorganización interna de los escalafones y fija un cupo anual máximo de nuevos ingresos, que irá disminuyendo con el tiempo. El ahorro presupuestario será destinado a nuevas tecnologías, bienes de uso y mejoras operativas.

Una reforma de fondo con consecuencias inciertas

Si bien el Ejecutivo plantea que la reforma busca fortalecer la lucha contra delitos complejos, el contenido del decreto enciende alarmas sobre posibles abusos de poder. Entre otras atribuciones, se permite a la Policía Federal:

• Detener a personas sin orden judicial si no acreditan su identidad y existe sospecha fundada de delito.

• Realizar requisas de personas, vehículos y pertenencias sin orden judicial, ante ciertos supuestos.

• Patrullar redes sociales y espacios digitales abiertos para detectar posibles delitos, sin intervención judicial previa.

• Recabar y analizar datos, incluso solicitando acceso a bases privadas, bajo el pretexto de tareas de inteligencia criminal.