Según se informó, desde la Fiscalía Federal, la Dra. Carolina Bendaña, en subrogancia del fiscal Marcelo Rapoport, solicitó la declaración de incompetencia, medida que fue ratificada por la jueza federal Mariel Borruto.

El comunicado oficial del Juzgado Federal de Río Grande señala que:

Ante las reiteradas consultas recibidas con motivo de una denuncia que tuvo amplia difusión periodística en los medios de comunicación de nuestra ciudad, la Sra. Jueza Federal del Juzgado Federal de Río Grande, Dra. Mariel E. Borruto, estima pertinente brindar la siguiente información a la comunidad:

El 19 de junio de 2025 se recibió en este juzgado una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía Federal de Río Grande el 17 de junio del mismo año. En ese escrito se enumeraban una serie de conductas atribuidas a miembros y directivos de la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande que, a criterio del denunciante, constituirían delitos.

El 23 de junio de 2025, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Borruto declaró la incompetencia de la justicia federal para investigar los hechos denunciados y envió la causa al Juzgado de Instrucción de turno de la justicia provincial de Tierra del Fuego.

El comunicado destaca, entre los argumentos de la resolución:

“Los hechos denunciados no afectan directamente intereses federales ni hacen a la competencia de los organismos de control nacionales vinculados con la gestión del servicio público de energía eléctrica.”

“El organismo en el que se desempeñan los denunciados tiene carácter local y su constitución, manejo y control son ajenos al ámbito federal.”

“Las personas denunciadas pertenecen a una entidad que representa intereses de la ciudadanía de Río Grande en virtud del servicio público que brindan en esa localidad.”

“Incluso en el hipotético caso de que el organismo al que pertenecen las personas denunciadas hubiese recibido dinero del tesoro nacional (lo que deberá investigarse si sucedió), los intereses comprometidos son directamente locales, pues afectan a esa entidad y a su patrimonio.”

Finalmente, el texto remarca que, “No existe en el Juzgado Federal de Río Grande ningún procedimiento de intervención judicial sobre la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande.”