La reciente resolución 460/2025 del SENASA que habilita el ingreso de carne con hueso plano a la Patagonia generó un fuerte rechazo en el sector productivo local. Lucila Apolinaire, presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, expresó en una entrevista con FM Fuego su profunda preocupación por las consecuencias que esta medida podría traer para la producción y el estatus sanitario diferencial que mantiene la región desde hace más de dos décadas.

Según explicó Apolinaire, la Patagonia es una zona reconocida oficialmente como libre de fiebre aftosa sin vacunación desde 2002, un estatus avalado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) que se sostiene gracias a un estricto control en el ingreso de carnes con hueso desde las regiones donde sí se vacuna contra esta enfermedad. Sin embargo, la nueva norma firmada por Pablo Cortese, presidente del SENASA, autorizó el ingreso desde zonas vacunadas de cortes como costillas, asado y esternón, lo que rompe con esa barrera sanitaria establecida.

“Esta resolución fue intempestiva y sin entender los motivos que hacen a la realidad patagónica”, sostuvo Apolinaire. Señaló que, aunque hubo un intento previo con la resolución 180 que fue frenada y se prorrogó para buscar consensos, finalmente la medida se impuso sin diálogo previo ni consenso con las provincias patagónicas ni con las asociaciones rurales. “La resolución salió el viernes y está vigente, pero cada provincia, cada federación está analizando cómo actuar porque seguimos defendiendo nuestro estatus sanitario especial. Nosotros no queremos, ni acordamos con esta medida”, agregó.

Sobre el motivo que esgrime el gobierno nacional para la medida, que sería la reducción del precio de la carne, opinó, “Puede haber una pequeña baja de hasta 60 días, pero luego el mercado se acomodará y el precio subirá de nuevo, porque ningún comerciante quiere perder”. Además, advirtió que en la Patagonia los costos de productos básicos, incluida la carne, son mayores debido a factores como la distancia y el costo del transporte, lo que dificulta la competencia con precios más bajos provenientes de otras regiones.

Otro punto crucial que remarcó es que la pérdida del estatus sanitario podría traer graves consecuencias comerciales para Tierra del Fuego y toda la Patagonia. “Si esto sucede, en caso de un foco sanitario en el norte del país o en países vecinos, Chile podría cerrar la frontera para la exportación de nuestra producción bovina y ovina que se faena fuera de la provincia, por ejemplo en Santa Cruz o Chubut, ya que aquí no hay suficiente capacidad frigorífica”, explicó. Esta situación sería particularmente delicada para Tierra del Fuego, una isla que comparte frontera con Chile, donde los controles sanitarios son muy estrictos.

En ese sentido, Apolinaire contó que la Sociedad Rural ha solicitado a Nación documentación oficial sobre la postura de Chile y la Unión Europea frente a esta medida, aunque hasta el momento no recibieron respuestas concretas. Además recordó que ya en los años 2000-2001, cuando hubo un brote de fiebre aftosa, Chile cerró la frontera para proteger su estatus sanitario, lo que afectó directamente a la producción local.

Respecto al impacto productivo en Tierra del Fuego, la dirigente explicó que, aunque una parte de la producción de vacunos se consume localmente, la mayoría de los casi 90.000 ovinos que se faenan en Santa Cruz son destinados a la exportación. “Si perdemos este estatus, se afectarían también estos ingresos para nuestra provincia, que incluyen no sólo la producción sino también el transporte y los empleos vinculados”, afirmó.

Consultada sobre la posibilidad de acciones legales, Apolinaire indicó que la provincia de Río Negro ya presentó un recurso administrativo y que las demás asociaciones rurales están analizando los pasos a seguir. “Estamos en asamblea permanente, estudiando y coordinando acciones con la legislatura provincial y el Ministerio de Producción y Ambiente para defender este logro histórico que costó muchos años de trabajo”, señaló.

Finalmente, la presidenta de la Sociedad Rural subrayó que la medida fue impuesta sin consenso ni diálogo real con los productores, algo que a su juicio afecta la legitimidad política de la resolución. “Es legal, pero discutible, porque sin consenso muchas veces estas cosas no perduran”, concluyó.