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Tras pintadas vandálicas, turistas deberán hacer trabajos comunitarios en Mendoza

Tres turistas bonaerenses comenzaron a cumplir con la condena impuesta por la Justicia de Mendoza tras realizar pintadas vandálicas con aerosol en piedras cercanas al Dique Potrerillos. Ya abonaron una multa de $2.100.000 y ahora deberán realizar 20 horas de tareas comunitarias como parte del resarcimiento por el daño ambiental.

El hecho, que generó amplia repercusión durante el fin de semana del Día del Amigo, motivó que la Justicia abriera una causa de oficio bajo el artículo 138 quarter del Código Contravencional, que sanciona la "degradación ambiental no autorizada sobre el piedemonte".

Los acusados, Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, participaron de una audiencia virtual en la que se les comunicó la resolución. Desde el Poder Judicial de Mendoza informaron que “los detalles de la resolución judicial se conocerán públicamente en las próximas horas” y que “lo que ya quedó computado es el pago de la multa y se definirán en los próximos días cómo deberán realizar las tareas comunitarias”.

La municipalidad de Carlos Casares, de donde son oriundos los turistas, coordina con la Justicia mendocina la implementación de estas tareas, que se estima se realizarán en espacios públicos. El pago de la sanción se concretó tras la confección de un boleto de la Agencia Tributaria Mendoza (ATM) enviado por oficio y correo electrónico. “Se confeccionó un boleto de la Agencia Tributaria Mendoza (ATM) y se les envió por oficio, vía las cuentas de correos electrónicos que suministraron ellos mismos en sus datos personales para que pudieran hacer efectivo el pago de la sanción”, confirmaron fuentes judiciales.

En la audiencia se les impuso una sanción menor de la prevista inicialmente, considerando sus condiciones sociales y “el reiterado pedido de perdón a la sociedad mendocina”. Así, evitaron ser arrestados, aunque deben acreditar el cumplimiento de las tareas sociales, bajo procedimiento de Ley Compulsa y con oficio al Ministerio Público Fiscal y al municipio de Carlos Casares para su articulación.

El caso fue inicialmente abierto por la jueza Viviana Fernández y luego transferido a la magistrada Constanza Domínguez, del fuero de Luján de Cuyo, donde ocurrió el hecho. Las sanciones previstas por el artículo 138 quarter oscilan entre $2.100.000 y $21.000.000, o hasta diez días de arresto.

Mendoza

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