El tribunal deberá resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska, que dispuso entregar el 51% de las acciones que el Estado posee en la petrolera como pago de una indemnización de US$ 16.100 millones más intereses, o si habilita su ejecución inmediata, incluso permitiendo reemplazar ese paquete accionario por otros activos.

La demanda, financiada por Burford Capital y Eton Park, se originó por el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de YPF, que afectó a inversores internacionales. El caso comenzó tras la compra de acciones por el Grupo Petersen, su posterior quiebra y la subasta del derecho a litigar, que quedó en manos de Burford. Si la Corte no concede la suspensión, Argentina deberá negociar con los acreedores o afrontar un posible desacato, con riesgo de embargos sobre activos o reservas.