Hermida sostuvo que la sanción de la ley representa una herramienta clave para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, frente a la falta de un presupuesto nacional, y que también permitirá concretar la postergada recomposición salarial de docentes y no docentes. En este punto, advirtió que la demora en la actualización de los sueldos “viene generando una fuga de profesionales al sector privado”.

“Claramente hubo un acompañamiento contundente de la Cámara de Senadores, con 58 votos afirmativos. Este es un nuevo proyecto, porque el año pasado se había presentado un primer proyecto, que se había aprobado en las dos Cámaras y luego fue vetado. Suponemos que este proyecto va a seguir el mismo circuito”, señaló.

El rector explicó que la nueva iniciativa “fija también pautas de financiamiento para algunas carreras específicas y la actualización salarial tan necesaria para nuestros trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas nacionales”.

Asimismo, remarcó que la cuestión salarial tiene un fuerte impacto en áreas estratégicas, como el desarrollo de aplicaciones y sistemas, donde existe una competencia más marcada con el sector privado: “La gente vive del salario. A la larga hay una evaluación de costo-beneficio de cada uno y eso repercute en el ámbito de las clases y en la pérdida de docentes formados, que tienen trayectoria y antigüedad, y que son los formadores de los futuros profesionales que van a llevar a cabo los cambios estratégicos en un país que se propone mantener sus líneas de desarrollo”.

Asimismo, recordó que la propuesta fue presentada por los dos bloques que integran el Consejo Interuniversitario Nacional, con el respaldo de sindicatos y agrupaciones estudiantiles, y subrayó que “esto tiene un acompañamiento muy importante de la comunidad universitaria y de todo el sistema universitario”.

Respecto al futuro del proyecto, admitió que el veto es probable, aunque consideró que existe la posibilidad de que sea rechazado en el Congreso, como ocurrió con la emergencia en discapacidad: “En la Cámara de Diputados tuvo 158 votos afirmativos, 75 votos negativos y un número importante de abstenciones y ausencias. Hay que ver qué ocurre con esas ausencias y abstenciones para ver si se rechaza o no el veto”.

En el marco provincial, sostuvo que actualmente la UNTDF cuenta con 450 docentes, en gran parte investigadores, que generan producción académica en disciplinas que antes estaban ausentes en la provincia. “La universidad viene creciendo y desarrollándose, conforme al plan estratégico que tenemos. Hoy estamos contando con casi 400 graduados, que es un muy buen número para una provincia muy pequeña como la nuestra. Esos graduados tienen un fuerte anclaje territorial y tienen un impacto directo en el sistema productivo, en el Estado y en los ámbitos de producción de saber”, señaló.

No obstante, advirtió que la institución atraviesa dificultades por el desfinanciamiento que afecta a todo el sistema universitario, “Hace dos años venimos con grandes problemas presupuestarios, como le ocurre a todo el resto del sistema universitario del país. Esto viene impactando de forma muy fuerte, no sólo en el área docente sino también en el funcionamiento de la universidad”.

Hermida subrayó la necesidad de contar con recursos que permitan mantener la infraestructura y el equipamiento: “Los costos relativos de la universidad vienen aumentando y vienen impactando en nuestro funcionamiento. Estamos en un delicado proceso, porque se nos va deteriorando el parque informático, también algunas áreas que hay que mantener y sostener, que quizás no son tan visibles. El mantenimiento es muy necesario para que funcione una institución pública como la UNTDF”.

Finalmente, advirtió que los problemas presupuestarios ponen en riesgo el normal funcionamiento: “Estos dos años de casi abandono de los parques informáticos hizo que estemos en una situación más crítica que en períodos anteriores. Estamos tratando de solventarlo, con mucho esfuerzo de docentes y autoridades, pero claramente estamos ante un riesgo de funcionamiento de las universidades públicas. Esta ley viene a responder a algo que estábamos reclamando desde hace tiempo, que es tener un presupuesto. Al no haber presupuesto, una ley de financiamiento daría las garantías de funcionamiento”.